Los pueblos están dispuestos; sufren demasiado y, lo que es más, han comenzado a comprender que no están obligados a sufrir. - M. Bakunin, 1871.

Asistimos a los 5 años de los sucesos lamentables en Bagua, dentro de un contexto sociopolítico que en nuestro país está marcado por el cuño de una intensificación de la criminalización de la protesta social. No es casual que recién hace unos días se iniciara el juicio contra los presuntos responsables de la muerte de 33 personas (los acusados son 54 indígenas pidiendo penas de 35 años de prisión y hasta cadenas perpetuas). Es decir, ante las intensas movilizaciones y jornadas por justicia donde se exigía la sanción a los directos responsables políticos: Alan García, Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, la fiscalía y los sectores encargados de revisar el tema del “Baguazo” los han limpiado de culpa al no ser considerados dentro de estos juicios.

Aún está en la memoria de todos los hechos de aquel 5 de junio del 2009 cuando la prepotencia policial bajo las órdenes del gobierno aprista incursionó represivamente en los poblados de la parte norte de nuestra Amazonía, en perjuicio de las comunidades awajún y wampis, quienes le exigían al Estado peruano un debido proceso de consulta previa sobre el procedimiento político y económico en sus tierras.

Recuento de una masacre anunciada

Los acontecimientos en Bagua desatados a mitad de año del 2009, se originaron en enero del mismo, con pedidos expresos de que el gobierno central les reconozca a las comunidades como actores activos e importantes dentro de todo proceso de negociación sobre aspectos de inversión o explotación en suelos y subsuelos que forman parte del ecosistema de dichas comunidades, incluso antes de la formación del Estado peruano como tal.

Por ende, y como parte de una medida de lucha, la carretera Fernando Belaúnde estuvo ocupada por 45 días, y ya para el 4 de junio, los awajun y wampis habían decidido retirarse en forma pacífica al día siguiente a las 10.a.m., esto no pudo darse, pues como la propia prensa informó, el traslado tuvo que retrasarse pues tuvieron que recolectar dinero para el combustible de la movilidad.

Es así que, como ya lo señalamos, el 5 de junio las fuerzas policiales arremeten con un operativo de desalojo que dejó como saldo 33 muerto (y contemos que si bien el Mayor PNP Felipe Bazán fue declarado muerto, su cuerpo nunca fue encontrado). Estas cifras son las oficiales, las que maneja la prensa y la institucionalidad del Estado, sin embargo, muchos recordamos que apenas ocurrido la masacre en Bagua, ya circulaban por las redes sociales y por informativos virtuales las fotografías de decenas de cuerpos de indígenas baleados, desangrados y hasta mutilados. Entonces las constataciones visuales y reales distan mucho de ciertas cifras y datos oficiales que se nos quiere imponer como verdad única.

Si el aprismo y su bancada en el Congreso habrían acordado respetar el diálogo con las comunidades y no postergarla hasta después, no se hubieran dado las muertes que hoy lamentamos. Aunque cabe señalar que de este asunto, nada aprendió el Ejecutivo, pues basta ver hechos como el de Islay (Arequipa) con 3 muertos y posterior desaprobación del EIA del Proyecto Tía María por parte de un organismo internacional, 4 muertos en Huancavelica para que no se quite el presupuesto de su Universidad, 5 muertos en Conga (Cajamarca) para la suspensión de actividades mineras en la zona, 3 muertos en Espinar (Cusco) para que se tome un adecuado monitoreo que evidencie el alto grado de contaminación en la zona, entre varios otros casos suscitados y casos que en la actualidad vienen acumulando en mesas de diálogo que en varios casos no tienen ninguna intención de establecer consensos, sino, de generar falsos diálogos que favorece como siempre a los sectores transnacionales extractivistas.

En tanto, el día del operativo, y contraviniendo lo que indica la ley, la policía restringió el acceso de representantes de la Fiscalía de la Nación e impidió el acceso de médicos, enfermeras y toda ayuda humanitaria. Aumentando aún más el nivel de hostigamiento y zozobra frente al cual las comunidades reaccionaban instintivamente.

Otro punto que amerita reflexión es el hecho de que si los manifestantes ya habían decidido abandonar la carretera, y al escuchar en una radio de alcance nacional el reporte de que sus hermanos estaban siendo ultimados por decenas en la zona conocida como “Curva del Diablo” (según los propios informes oficiales, una vez más) entonces reaccionaron generando los sucesos ya conocidos. ¿Dónde está la premeditación? ¿Aplica la cadena perpetua en este caso? No hay que ser expertos en leyes para saber la respuesta. Queda clara la desidia del poder político y económico que controla nuestro país por acallar toda voz de protesta y defensa legitima de la vida y la soberanía.

Sobre el hecho mismo de la represión a raíz de la conflictividad social en Bagua, apuntemos que la constante del uso de la violencia por parte del Estado se sustenta en el discurso conservador y reaccionario que justifica todo tipo de coerción ejercida por la fuerza pública (policía y ejército) en nombre del principio de “orden y autoridad” cuando las protestas sociales lindan y/o entran en la ilegalidad generando acciones por vías no institucionales. O lo que es peor, cuando estas movilizaciones ponen en riesgo a la “inversión capitalista nacional o internacional” y amenaza el avance arrollador del desarrollismo y productivismo.

Conflictos sociales y respuesta estatal

Sin embargo, sabemos que la conflictividad social ha crecido exponencialmente y los mecanismos de protesta y represión, o acción y reacción, han sido una constante desde el Estado para el manejo de los mismos. Prueba de esto son las cifras que registra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que indican que en contextos de protesta popular dentro del periodo de Alejandro Toledo llegaron a cobrar 32 muertos, 117 en el gobierno de García y 41 en los 3 años del gobierno de Humala y de estos en la gran mayoría (72%) de los casos no existen procesos judiciales o hubo, pero, se archivó.

Lo curioso es que como rechazo a la intensa criminalización y muertes en protestas sociales durante el gobierno de García es que muchos sectores de izquierda y progresistas llamaron a votar por el entonces candidato Humala, quien se mostraba garante de libertades plenas, diálogo y no imposición, un gobierno de cara al pueblo, pero al poco tiempo todo esto fue desmentido, teniendo como pico más alto las luchas contra la minera Yanacocha y el proyecto Conga en Cajamarca que registra un importante número de muertos. Es decir, un nuevo gobierno fiel a las recetes neoliberales y a las medidas de bala y sangre como respuesta a las demandas populares.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señala que el 54% de conflictos sociales han presentado, por lo menos, un hecho de violencia. De ello se desprende que al menos en los últimos diez años la conflictividad en nuestro país ha consolidado una estrecha relación entre la intensidad de violencia del conflicto y el nivel de atención de las demandas. Dicho de otro modo, es el propio gobierno quien genera las condiciones objetivas para los levantamientos y luchas y luego, frente a la intensificación de las protestas, termina “retrocediendo”, pero a costa de vidas y mucha sangre.

Sabemos que los conflictos son generados sobre la aplicación de una serie de aspectos de índole social, política y económica que no solo no satisfacen a las mayorías sino que se muestran de espaldas a la realidad latente de países como el nuestro. Es decir, no es cierto aquel argumento esgrimido desde las derechas que acusa a los movilizados en un supuesto y único afán de desconocimiento del Estado Derecho o desestabilización social; sino, la exigencia de atención y defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto, dicho dentro de un plano simple de lectura democrática en un contexto de convulsión social como la nuestra.

Por último, hacemos eco de las preguntas que hoy desde las entrañas mismas de la selva se dan: ¿Quién responde por las víctimas del Baguazo? Desde junio del 2009 a mayo del 2014 el único preso por esta masacre es el indígena Feliciano Cahuaza (no habiéndose investigado ni esclarecido su caso con lo sucedido). Este hecho se quiere dejar como precedente para futuras protestas sociales, como ejemplo aleccionador del poder de la maquinaria capitalista y sus esbirros en la política representativa quienes no dudarán en generar maniobras diversas para seguir acallando las demandas sociales y la voz de los pueblos en lucha. ¿Quién tiene la última palabra?

Franz García - 7 de junio 2014